La propiedad privada resulta injusta y la propiedad pública presenta otros problemas, enfrentándose a una ola privatizadora. ¿Es posible una gestión colectiva de los asuntos públicos que no sea privada ni estatal, sino comunal? ¿Una gestión participativa que genere derechos pero también exija deberes a los miembros de una comunidad en acción? Una de las funciones del poder político en nuestras sociedades es la defensa del bien público, pero a pesar de ello incumple a menudo esta función y acaba sometido a intereses particulares privados. El conjunto de la sociedad no tiene, por tanto, garantías de que se estén tomando las decisiones justas y necesarias en relación a la gestión de recursos claves para nuestro bienestar y subsistencia: educación, sanidad, energía, agua... Al mismo tiempo, surgen alternativas para gestionar nuestra economía de manera horizontal y democrática.
