El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentan este primer gran estudio sobre brecha digital y consumidores vulnerables con discapacidad. La investigación parte de la premisa de que los recursos tecnológicos son un bien social imprescindible para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y para el ejercicio de sus derechos. Sin embargo, existen diferencias entre esta población y aquella que no tiene discapacidad, en cuanto al acceso a las tecnologías, su uso y aprovechamiento. Estas diferencias conforman la denominada brecha digital y constituye una forma de pobreza y exclusión social, con gran capacidad para ampliar los desequilibrios preexistentes que sufre la población con discapacidad en términos económicos, sociales y de acceso efectivo a derechos. Factores injustos, de naturaleza diversa, compleja e interdependiente determinan la brecha digital entre las personas con discapacidad y agudizan su vulnerabilidad. La desigualdad tecnológica se corrige con inclusión digital, cuyo objetivo es conseguir que ninguna persona —especialmente, aquellas que, como esta población, se encuentran en situación de vulnerabilidad— se quede fuera de un mundo que ofrece innumerables posibilidades. Asegurar la inclusión digital de la ciudadanía con discapacidad resulta fundamental no solo para reducir la brecha de desigualdad tecnológica que afronta esta población. También, se trata de un tema de desarrollo sostenible, pues la inclusión tecnológica contribuye directamente a la consecución de una sociedad digital más justa y equitativa. Pero, sobre todo, la inclusión digital es un asunto de derechos humanos porque está indivisible e interdependientemente vinculada a la protección y disfrute de los derechos de las personas con discapacidad como consumidoras en el entorno digital. El estudio se enmarca en el compromiso de colaboración entre el CERMI y la OCU para llevar a cabo activi
